La sospecha de una organización montada en los Tribunales de Río Segundo sobrevuela la Justicia provincial: la fiscal Patricia Baulies, de esa localidad del Gran Córdoba, pidió que la jueza de primera instancia Civil y Comercial Susana Martínez Gavier, su secretaria Lorena Bosignore y el abogado Cristian Moyano fueran investigados por haber montando un “juzgado paralelo” en el que el letrado habría cumplido funciones propias de un juez: escribir sentencias.
De acuerdo con el hecho fijado por Baulies, en 2007, probablemente en el despacho de Martínez Gavier, el abogado, la jueza y la (por entonces) prosecretaria del juzgado habrían acordado que fuera el letrado quien escribiera resoluciones y fallos en distintas causas contenciosas.
Por ahora, según la sospecha preliminar, al menos 30 resoluciones de la jueza (sobre 100 analizadas) habrían sido redactadas por el abogado Moyano en su computadora personal y enviadas por él mismo desde un correo oficial del Poder Judicial a la casilla de la jueza, quien, horas después, las habría publicado en la intranet de la Justicia. Por eso, la fiscal Baulies solicitó un requerimiento de investigación jurisdiccional: que un juzgado de Control investigue a la jueza civil de Río Segundo.
Audios de WhatsApp confirmarían el trato diario, habitual y de confianza entre el abogado y la mano derecha de la jueza, y la participación del primero en la redacción de resoluciones judiciales, por lo general en causas en las que él litigaba y cuyos honorarios cobraba.
Lo que sigue es la historia del escándalo a punto de estallar.
Este presunto “juzgado paralelo” no habría sido detectado sin una investigación anterior: la del negociado de 11 hectáreas de tierras públicas en la localidad de Pilar, causa en la que están detenidos el mencionado abogado Moyano, quien era el asesor letrado de esa Municipalidad, el intendente Diego Bechis y el exsecretario de Juventud y Deportes, Pablo Ghio. Esa pesquisa provocó un efecto dominó.
Al peritar el celular y las computadoras de Moyano, detenido el 27 de diciembre de 2017, los técnicos de la Policía Judicial detectaron una serie de audios de WhatsApp y, archivadas en la notebook del abogado, las resoluciones que habrían sido escritas antes de que las firmara la jueza.
Entre las resoluciones judiciales que Moyano habría redactado y la jueza Martínez Gavier avalado, hay juicios contra el Tesoro provincial, Caminos de las Sierras, Volkswagen y numerosos divorcios y sucesiones. En general, los reclamos eran millonarios, vinculados a demandas civiles y comerciales de carácter contencioso.
Voluntad de juez
Fuentes de la Justicia provincial indicaron a La Voz que la fiscal sospecha que “la voluntad de la jueza fue reemplazada por la del abogado Moyano, quien era en definitiva el que resolvía las causas”.
En la reconstrucción de los hechos, se cree que el presunto “juzgado paralelo” habría sido consensuado hace una década. La hipótesis es que la jueza “habría aceptado la promesa del abogado Cristian Moyano de ayudarla con el dictado de fallos y resoluciones civiles”, en expedientes que tramitaba Martínez Gavier. “En la mayoría de esos juicios, Moyano era parte, pero en otros no”, explicó la fuente judicial consultada.
De acuerdo con la investigación preparatoria, el contacto entre el abogado y la jueza era la prosecretaria, Lorena Bosignore, ascendida recientemente al cargo de secretaria. Mientras que las presuntas acciones delictivas de los dos primeros serán analizadas por un juez de Control, el rol que cumplió Bosignore quedará en manos del Tribunal Superior de Justicia, a través de su comisión de Ética.
Según surge de los audios de WhatsApp a los que accedió la Policía Judicial, Bosignore y el abogado Moyano tenían extrema confianza.También surge que la jueza habría instruido a Bosignore para que le brindara a Moyano su clave para conectarse de manera remota (es decir, desde cualquier computadora fuera del juzgado) al e-mail oficial del Poder Judicial, para enviar desde allí al correo electrónico oficial de la magistrada las resoluciones y fallos, simulando que era la prosecretaria quien los había redactado.
Un audio considerado clave en la acusación fue el que Moyano le habría enviado a Bosignore el 30 de marzo de 2017. Dice el abogado Moyano: “Lorena (…) te podría por lo menos ir mandando un proyecto de la tanda que tengo atrasada”. Interpreta la fiscal que “proyecto” es un eufemismo para referirse a las resoluciones que el abogado redactaba y la jueza firmaba: escritos judiciales que se habrían hecho a granel. “En cantidad y de manera habitual”, es decir “en tanda”, dice el pedido de investigación a la jueza.
Se desprende de la denuncia que la fiscal sospecha que Moyano “actuaba lisa y llanamente” como un juez paralelo, con la venia de la jueza Martínez Gavier.
“La promesa ofrecida por Moyano fue a cambio de que la magistrada suscribiera (dictara) las resoluciones que él proyectaba (redactaba), sin que se pueda descartar que la jueza Martínez Gavier haya aceptado además una promesa de dinero a cambio”, señala el párrafo sustancial de la acusación por el presunto juzgado paralelo de la ciudad de Río Segundo.
Contactada por teléfono, la jueza Martínez Gavier dijo a La Voz que no había sido notificada de este pedido de investigación por parte de la fiscal Baulies, y debido a que era la primera información que recibía respecto de la investigación, prefirió no hacer declaraciones por el momento.
La Fiscal y la Jueza
Patricia Baulies. La fiscal de Río Segundo lleva adelante la investigación por la venta fraudulenta de 11 hectáreas de la Municipalidad de Pilar, por la que están detenidos el intendente Diego Bechis y su asesor letrado, el abogado Cristian Moyano. En el transcurso de la investigación, la fiscal inició otras causas; y tras secuestrar el teléfono y la notebook del abogado Moyano, encontró que redactaba supuestos fallos judiciales.
Susana Martínez Gavier. La jueza de primera instancia Civil y Comercial de Río Segundo fue denunciada –también su secretaria, Lorena Bosignore– por la presunta participación del abogado Cristian Moyano (detenido por la venta irregular de terrenos municipales de Pilar) en la redacción de fallos que luego eran firmados por la magistrada. En muchos casos, el abogado era parte de los litigios y se regulaba honorarios.
Fuente: La Voz del Interior