Durante 12 años, dos hermanos explotaron cinco whiskerías y un departamento en pleno centro cordobés. Dos de las víctimas fueron sometidas durante seis años. En 2014 en un polémico fallo, los acusados fueron absueltos. En 2015 la Justicia federal ordenó juzgarlos de nuevo. Fueron sentenciados a penas de hasta cuatro años de prisón y a indemnizar a sus víctimas

Entre los años 2001 y 2012, una banda de proxenetas sometió a 25 mujeres de bajos recursos, quienes fueron explotadas laboral y sexualmente en lapsos de un día hasta los seis años. Los delincuentes, dos varones y cinco mujeres, gracias a un acuerdo firmado con la Justicia federal de Córdoba, fueron sentenciados hoy a penas de hasta cuatro años de prisión y -lo novedoso- deberán indemnizar a sus víctimas con una suma de $ 31 millones.

Hace una semana, el fiscal federal Carlos Gonella acordó que los siete acusados aceptaran el monto de las penas que la jueza Noel Costa del Tribunal Oral Federal N° 2 les impuso esta mañana en un juicio abreviado -reconocieron su culpabilidad en la explotación de las 25 mujeres, y del lavado de activos provenientes del delito de trata de personas con el fin de su explotación sexual-; además de ofrecer diversos bienes como propiedades y vehículos de alta gama para ser rematados y cubrir el monto de las indemnizaciones. 

En plena crisis de 2001, con el país incendiado y sin horizonte a la vista, mujeres jóvenes cayeron ante la tentación de dinero rápido: trabajar como coperas, un eufemismo con que los proxenetas llamaron a las prostitutas que contrataron para sus whiskerías Faraón, Macarena, Play Man, Candela y un quinto local sin nombre de fantasía, todos ubicados en las inmediaciones de las calles La Rioja y Tucumán, en pleno centro de esta Capital.

Aprovechando la crisis que atravesaba el país, Fabio Ricardo Barey (49) -conocido en Córdoba como “El zar de la prostitución”– y su hermano Daniel Alejandro Barey (42); montaron esta red de trata y explotación sexual que funcionaba a plena luz del día, con locales públicos y a la calle. La banda, además estaba integrada por la madre de los Barey; Mafalda Edith Ceballos (73); una tía, Selva del Valle Ceballos (81); María Cristina Andino (48); Marcela Elizabeth Guzmán (47) y Graciela Mabel González.

Dos décadas después de haber iniciado esta empresa de explotación sexual, los sospechosos fueron condenados y deberán indemnizar a las 25 mujeres con montos que llegan a más de $ 5 millones. De las 25 víctimas explotadas entre 2001 y 2012, hay cuatro que sólo trabajaron un día en los departamentos y whiskerías comandadas por los hermanos Fabio Ricardo Barey y Daniel Alejandro Barey; mientras que hay otras dos víctimas que fueron explotadas durante seis años, siendo las que mayor período pasaron bajo las órdenes de esta organización. Las cuatro primeras mujeres serán indemnizadas con $ 2.614; mientras que las últimas dos, que pasaron la mayor cantidad de tiempo ejerciendo la prostitución en los locales del centro cordobés, serán resarcidas con $ 5.777.046.

La semana pasada, el fiscal Carlos Gonella, la cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mangano; y especialistas de la Dirección Nacional de Recupero de Activos de la Procuración General de la Nación; acordaron con los defensores de los imputados, el mecanismo de indemnización a las víctimas, como parte de su reparación integral.  

“Acá hay que destacar la labor del fiscal Enrique Senestrari, que fue un adelantado y ya en 2014 había planteado reparar económicamente a las 25 víctimas con dinero secuestrado a sus explotadores. La reparación económica es un primer paso; a estas mujeres vulnerables y vulneradas hay que devolverles la dignidad, y para eso hay que hacer un abordaje integral que incluye asistencia psicológica, financiera, acceso a la vivienda y a un empleo; contención a las víctimas y a sus hijos, entre otras medidas tendientes a que estas mujeres lleven una vida digna”, señaló el fiscal Gonella a elDiarioAR.

Para pagarles a las 25 víctimas del clan Barey un desembolso total de $ 31 millones, la Justicia rematará un chalé en calle Carlos Becú al 2700 de barrio Jardín, cerca de la Ciudad Universitaria; un departamento en calle Roma al 1.100 de barrio General Paz y los locales donde funcionaron las whiskerías en calle La Rioja, pleno centro de esta Capital. Además se subastarán cinco vehículos: un Audi A4, un Audi A3, un BMW, un Suzuki Swift y una Suzuki Vitara.

Vulnerables

En una prolija investigación iniciada en marzo de 2012 con el allanamiento a las whiskerías del centro cordobés, el fiscal federal de instrucción Enrique Senestrari determinó que los hermanos Barey “dispusieron, sostuvieron y administraron cinco ‘prostíbulos’ o ‘casas de tolerancia’”; que en todos esos lugares “fueron explotadas sexualmente 25 mujeres, todas ellas de nulos recursos económicos, instrucción incompleta, sin trabajo, residentes en viviendas prestadas y/o muy precarias, casi todas madres solteras o separadas con numerosos hijos a cargo, varias de ellas víctimas de violencia familiar y/o en condiciones de indefensión por diversas circunstancias sociales”.

Senestrari logró demostrar que “para darles trabajo”, los hermanos Barey entrevistaron a las víctimas personalmente o “por expresas instrucciones suyas a través de Brenda Artaza, Adolfo Cordero, José Baracat y Agustín Cabrera Reimondi, quienes eran los encargados de los locales. Como conocían las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres, los procesados les ofrecieron desempeñarse en los bares atendiendo y/o tomando tragos con los clientes para luego prestar los servicios sexuales a los clientes/prostituyentes que así lo pidieran”.

El fiscal investigador señaló además que los proxenetas “les exigían la entrega del 50% del dinero que produjeran y haciéndoles pagar de sus propios bolsillos los gastos de vestimenta, alimentos, medicamentos, carnets sanitarios, etc. Estas exigencias eran aceptadas por las víctimas dado que por su vulnerabilidad no veían otra alternativa que someterse a los designios de los encartados para poder subsistir”.

Absueltos

Con la abundante prueba colectada, el clan Barey fue a juicio; y en octubre de 2014 el Tribunal Oral Federal N° 1, integrado por Julián Falcucci, Jaime Díaz Gavier y José Vicente Muscará absolvió en un polémico fallo a todos los imputados. Sólo fueron condenados los hermanos Barey, por violación a la Ley de Profilaxis, y debieron pagar una multa de $ 50 mil.

Esa vez, hace siete años, los jueces federales Falcucci, Díaz Gavier y Muscará accedieron al planteo del entonces abogado defensor de los Barey, Marcelo Brito, quien pidió que se giren los antecedentes de la causa para que se investigue al fiscal Enrique Senestrari durante la instrucción, al considerar que supuestamente dio la orden de distribuir las recaudaciones de los locales entre las 25 víctimas. Brito había sido fiscal General del gobierno de José de la Sota y estaba abiertamente enfrentado con el fiscal Senestrari, a quién acusó, además de “actuar bajo el amparo de la procuradora general (Alejandra) Gils Carbó”, por solicitar ante el juez que el dinero secuestrado fuera dividido entre las víctimas.

El propio Senestrari había explicado que “yo no determiné nada, quién determinó que se distribuya ese dinero fue el juez de la causa; además, cuando la Justicia actúa en estos centros, no hay capital del explotador o patrón, todo el capital lo generaron las víctimas; por lo que los diversos tratados internacionales sobre los delitos de trata, establecen que el dinero secuestrado debe repartirse entre las víctimas”. El fiscal también aclaró que “las víctimas son rescatadas con lo puesto y muchas veces ese dinero que se les entrega sólo les alcanza para pagarse el pasaje de regreso a sus lugares de origen y para comprar un kilo de carne o un litro de leche a sus hijos”.

En ese juicio de octubre de 2014, el fiscal de Cámara, Maximiliano Hairabedian, había solicitado la pena de 5 años de prisión para los hermanos Barey; además había solicitado la condena en suspenso para la encargada de uno de los locales y la absolución de los otros cuatro imputados.

Un año después, en octubre de 2015, la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó que se realice un nuevo juicio a dos hermanos Barey, aunque en un nuevo tribunal. Senestrari ya había iniciado, además, otra investigación por el delito de lavado de activos. La Cámara, al ordenar un nuevo juicio contra los proxenetas, fustigó a los jueces del Tribunal Oral Federal N° 1 al señalar que “analizó superficialmente el concepto de vulnerabilidad” de las 25 víctimas.

Entre los allanamientos de marzo de 2012 y la sentencia de hoy del Tribunal Oral Federal N°2, los hermanos Barey pasaron en prisión 2 años y siete meses; y ya no se dedican más a la explotación de mujeres, porque en mayo de 2012, dos meses después de ser allanados, el gobernador José de la Sota envió a la Legislatura la Ley 10.060 que prohíbe en todo el territorio provincial la explotación de comercios destinados a la prostitución; además de crear la Secretaría de Lucha contra la Trata. Los hermanos Barey llegaron al juicio en libertad y seguirán libres porque ya cumplieron parte de la pena.

Para pagar su deuda con la sociedad y sobre todo con sus víctimas, Fabio y Daniel Barey cambiaron de abogado defensor y de estrategia penal. La defensa de Brito, quién planteó que los proxenetas no eran explotadores, estuvo cargada de un simbolismo político que no surtió efecto legal y los volvieron a acusar. Esta vez, los hermanos y su madre Mafalda Ceballos admitieron haber comandado una banda de tratantes y explotadores sexuales y accedieron a reparar, en parte, el daño causado; siguiendo los consejos del defensor oficial Rodrigo Altamira. El otro defensor oficial, Julio Aliaga, asesoró en el mismo sentido a la tía de los Barey, Selva Ceballos y a María Cristina Andino, una de las encargadas de los locales. Y los penalistas Luis Obregón y Enrique Pérez Aragón también coincidieron en que sus defendidas Marcela Guzmán y Graciela González debían aceptar el acuerdo propuesto por el fiscal Gonella y la Protex.

Beneplácito

El abogado magister José D’Antona, especialista en el combate contra la trata de personas, representante de Susana Trimarco, mamá de Marita Verón y titular de la Fundación María de los Angeles se mostró “muy conforme” con el fallo de hoy: “La verdad que este fallo es una grata noticia. Hay que rescatar efectivamente, por un lado, el minucioso, exhaustivo y muy pormenorizado trabajo del doctor Senestrari en orden a la consecución de los bienes y toda la tarea realizada; estamos ante lo que se llama un juicio de reenvío; el fiscal Gonella, siguiendo la tarea del doctor Senestrari pudo darle forma a tratar de que esto vuelva, no del modo clásico y tradicional con las clásicas condenas; sino que en definitiva haya para las víctimas lo que uno suele tener en perspectiva que, más allá de la punición, la sanción penal; qué más, que va en sintonía con los reclamos de los distintos sectores como la Fundación María de los Angeles, se viene propiciando una reforma de la ley justamente en este sentido, de reparación de las víctimas. Por eso, justamente este fallo de la doctora Noel Costa, que también recogió favorablemente el trabajo de los fiscales, va en exacta y perfecta sintonía con lo que estamos reclamando desde distintos sectores, en orden a una reforma de la ley que, entre otras cuestiones, haga mucho foco en las víctimas y en la cuestión de determinadas situaciones patrimoniales. La verdad es que celebramos este fallo”.

Por su parte, María Amelia Chiofalo, primera secretaria de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas de la Provincia de Córdoba, también aplaudió la investigación de los fiscales Enrique Senestrari y Carlos Gonella y el fallo de la jueza federal Noel Costa: “Ya en 2013, Alfredo Palacios, reconocido diputado socialista, sostuvo que estos delitos de trata y explotación sexual debían incorporarse en el Código Penal y denunció el tráfico que se practicaba con mujeres de aldeas de Rusia: “Jóvenes incautas que traían a nuestro país para venderlas o encerrarlas en los prostíbulos como esclavas”. Eso mismo pasó con estas 25 víctimas que apenas hace una década eran sometidas en pleno centro de la ciudad de Córdoba y a la vista de todos, con carteles luminosos invitando al mal llamado cliente/prostituyente a someterlas. Un siglo después de los dichos de Palacios denunciando lo sucedido con las jóvenes traídas del Este de Europa; pasó lo mismo en nuestra provincia y en todo el país; donde las víctimas son paraguayas, dominicanas, mujeres de otras provincias y de Córdoba, explotadas aquí, en otras regiones o en el extranjero”.

La ex funcionaria le dijo a elDiarioAR que “cuando asumió su tercer gobierno en diciembre de 2011, el gobernador De la Sota tomó la decisión de cortar de raíz este flagelo, y seis meses después, en mayo de 2012, la Legislatura, a instancias del Gobierno de la Provincia de Córdoba sancionó la Ley Provincial 10.060 y su decreto reglamentario 582 con la que se prohibieron los prostíbulos encubiertos como las llamadas whiskerías, cabarés o departamentos privados; lugares de explotación sexual, destino por excelencia de las víctimas de trata de personas”. 

Chiofalo destacó que “el fallo de la doctora Costa y las sucesivas acciones de los fiscales Senestrari, Hairabedian y Gonella le han puesto voz a las voces de estas 25 víctimas, que representan a las miles de víctimas que hoy a lo largo del país y en el mundo sufren el flagelo de la explotación. Todos los días vemos que a fuerza de engaños, amenazas, miedo, abusos, explotación, golpes, violaciones, secuestros y muertes; siguen sumándose víctimas a este sistema explotador. Este fallo, que repara en parte el daño sufrido por estas 25 víctimas, es la voz de miles de mujeres desaparecidas, tratadas y explotadas, despojadas de su humanidad para alimentar la perversa maquinaria de la trata de personas que tritura sus vidas para alimentar la explotación sexual. Es un fallo para sentar precedente y avanzar en más derechos para las víctimas”.

Fuente y fotos: elDiarioAR