La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia se presentó ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi para poner a disposición del magistrado un total de 105 mil grabaciones ilegales. 

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, se presentó esta semana ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien quedó a cargo de la causa por “espionaje ilegal” que se tramitaba en Lomas de Zamora, para denunciar que durante el gobierno de Mauricio Macri se almacenaron en el organismo de inteligencia alrededor de 105.000 escuchas de manera irregular.

Caamaño se presentó en los tribunales federales de Retiro para entregarle al magistrado un escrito donde detallaba la existencia de esta gran cantidad de escuchas ilegales, junto con algunas de sus transcripciones, que habían quedado resguardadas en la sede de la AFI. “Fue decirle a Martínez De Giorgi que tenemos resguardadas 105.000 archivos de audios que corresponden a distintas situaciones y que no se destruyeron cuando fueron entregados a la Justicia”,  reveló la funcionaria sobre su paso por Comodoro Py en diálogo con Argenzuela, ciclo que conduce Jorge Rial por Radio 10.

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La interventora de la AFI explicó que se trató de un sistema autorizado por el ex titular de la AFI, Gustavo Arribas, imputado en la causa por espionaje ilegal, mediante el cual el organismo accedía de manera online a escuchas que eran realizadas por la Dadjudeco, la oficina encargada del tema dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Nosotros tampoco dejamos de sorprendernos porque siguen apareciendo cosas. Yo te salgo a decir que la intervención debería estar finalizando porque hace poco más de dos años que estamos y la verdad, mientras sigan apareciendo estas cosas la intervención debe seguir porque es lo único que le da sustento”, resaltó.

Y agregó: “Como dejamos de lado el espionaje ilegal, hacemos inteligencia estratégica que es lo único que debería ser y lo que hacen las agencias de inteligencia modernas en el mundo. Ya se terminó con la guerra fría y se supone que ahora, los países desarrollados ya no hacen espionaje interno como se hacía acá”. Al mismo tiempo, resaltó que resguardaban en un dispositivo que se llama Sidea (Sistema de Administración), que creó la AFI macrista. 

En ese sentido, sostuvo que la orden tuvo que haber sido dada por el ex presidente Mauricio Macri y que el objetivo era “escuchar online” como parte del “espionaje ilegal”. “Yo estuve a cargo de las escuchas cuando se la dieron al Ministerio Público Fiscal y entonces, cuando vos querés escuchar online, por ejemplo ante un secuestro extorsivo, hay que ir a una cabina de lo que hoy es la Dadjudeco. Acá se había hecho un punto a punto, un enlace digital, para que las interceptaciones telefónicas lleguen directo a la AFI y la AFI tenía como un call center de gente que escuchaba casi online, con un atraso de menos de 24 horas”, explicó sobre el funcionamiento del organismo a manos de Arribas.

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Además,  reveló que una vez por semana “iba alguien de la AFI a la Dadjudeco a buscar los CD” con las escuchas. “Entonces, cuando el juez decía entréguenme todo el material, le entregaban todos los CD. Pero las escuchas seguían quedando en la AFI y eso también es ilegal. No se destruyeron. Los audios iban a un aparato, que es el que tenían esas 105 mil escuchas. Eso después se usaba como querían. Lo pedía jurídico y después se analizaba. Por ahí, de una escucha sacabas algo y la tenías ahí. Estas escuchas son las que aparecían cuando algunos periodistas corrían por Palermo. Atrás de un árbol, aparecía una escucha que ahora entendemos que era de la AFI”, destacó.

Consultada sobre si la escucha donde Cristina Fernández de Kirchner  tilda de “pelotudo” al ex titular de la AFI, Oscar Parrilli, forma parte de estas 105.000, Caamaño aclaró: “Esa no sé si está, pero sí pudimos determinar que está la causa Segovia, pudimos determinar que está De Souza, que es el dueño del Grupo Índalo. O sea, tenemos un motor de búsqueda que, si él (por el juez Martínez De Giorgi) quiere algo puntual, me lo tiene que poner en el escrito y nosotros nos fijamos si hay algo de lo que él necesita. No fue una denuncia la que hice, sino una presentación al juez para que sepa que hay 105 mil registros de audios“. 

En septiembre de 2020, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), con Cristina Caamaño a la cabeza, denunció que el gobierno de Cambiemos hizo espionaje ilegal sobre familiares de 44 víctimas del hundimiento del ARA San Juan. El juez federal Santiago Inchausti delegó la investigación en la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, el fiscal general Daniel Adler impulsó el caso y ordenó diversas medidas de prueba.

El año pasado, Adler entendió que debía investigarse el presunto desarrollo y producción de actividades de inteligencia ilegal –de acuerdo a la ley 27.126-, del que habrían resultado víctimas familiares y/o allegados tanto de los 44 tripulantes y personas trasladadas en el submarino ARA San Juan, como de los tripulantes del buque pesquero Rigel, quienes fallecieron a causa de su naufragio el 9 de junio de 2018.

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De acuerdo con la denuncia efectuada, la imputación recayó sobre el ex presidente de la Nación al considerarlo responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional; sobre el ex director general de la AFI, Gustavo Arribas; la ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani; y varios agentes de inteligencia.

Según se indicó en la presentación que dio origen a la investigación, personal de la AFI habría realizado el seguimiento y la recopilación de información vinculada a los familiares y allegados de los fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan y el buque Rigel, durante los años 2018 y 2019, actividad que no había sido ordenada por ninguna autoridad judicial. La denuncia expresa que tampoco se encuentra amparada por la normativa que regula el trabajo de la agencia.

A principios de este mes, las causas por el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del Submarino ARA San Juan y la del Proyecto AMBA, en la que estaba Mauricio Macri procesado, fueron enviadas a los tribunales de Comodoro Py. Esto sucedió luego del traslado de ambas causas por parte del juez de Dolores, Martín Bava, después de que la Cámara de Casación le quitara la causa contra Marcelo D´Alessio que destapó la presunta persecución y extorsión en la que está involucrado el fiscal Carlos Stornelli. 

Cabe recordar que la Cámara Federal de Casación Penal dispuso que la causa por espionaje y extorsión que tiene como principal acusado al falso abogado D’Alessio pase a Comodoro Py. Esa decisión había sido tomada por la sala segunda del máximo tribunal de apelaciones, integrada por los jueces Javier Carbajo, Guillermo Yacobucci y Eduardo Riggi, ante un planteo del fiscal procesado Stornelli y del fiscal que interviene en la causa, Juan Pablo Curi.

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En diciembre del año pasado, la Cámara Federal porteña desechó la hipótesis de que en la gestión de Cambiemos funcionó una asociación ilícita dedicada al espionaje (en el marco de un expediente que se inició en Lomas de Zamora) mientras que Casación dispuso el pase a Comodoro Py del “caso D’Alessio, que se había iniciado en Dolores. 

Desde el 27 de diciembre, la causa de D’Alessio pasó por las manos de cuatro jueces de Comodoro Py. Ninguno quería hacerse cargo.  María Eugenia Capuchetti; Ariel Lijo;  Marcelo Martínez de Giorgi y Ercolini, que se negó a aceptarla. El camarista Pablo Bertuzzi dejó la investigación en manos de Ercolini.

Por entonces, la Cámara Federal que había revocado los procesamientos a los ex directores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por supuesta asociación ilícita y espionaje ilegal. Desde el 1° de diciembre, Macri estaba procesado por el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan. En la causa se leía que era procesado por considerarlo  “penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor” y que durante el gobierno de Macri se había montado un aparato de inteligencia permitió conocer información de la vida privada de los familiares de las víctimas que iba a ser usada para influir en el reclamo de los familiares”.