Durante la audiencia, los integrantes del jurado escucharán además el testimonio de Soledad Laciar, mamá de la víctima, y luego será el turno de los amigos que compartían el auto con él.
Uno de los policías acusados del crimen de Valentín Blas Correas, el adolescente de 17 años asesinado durante un control de seguridad en agosto de 2020 en la ciudad de Córdoba, dijo este miércoles que “nunca” disparó con intenciones de matar, al declarar en el juicio por jurados al que es sometido junto a otros 12 efectivos.
Se trata del cabo 1° Javier Alarcón, quien al igual que el cabo 1° Lucas Gómez está señalado como quien disparó su arma reglamentarias contra el Fiat Argo blanco en el que viajaba el adolescente con un grupo de amigos la madrugada del 6 de agosto de 2020.
Alarcón fue el primero de los policías en declarar y relató que ese día, por frecuencia radial, fue comisionado a controlar “un vehículo que supuestamente se dio a la fuga”.
En ese sentido, el policía sostuvo que fueron alertados sobre “seis ocupantes (del auto) que podrían portar armas habían querido cometer un delito”.
El efectivo, que se encontraba en un control policial sobre avenida Vélez Sarsfield y Romagosa de barrio Colinas, en la zona sur de la capital, sostuvo: “Se aproxima el Fiat blanco y encara al policía Gómez. Desenfundé mi arma. Nunca disparé con intenciones de matar a nadie”.
En una breve declaración ante el jurado, en la que no aceptó responder preguntas, Alarcón sólo se refirió a esa circunstancia, tras lo cual el tribunal técnico le preguntó a Gómez si quería también declarar, aunque se abstuvo.
Cómo sigue la audiencia
El tribunal de la Cámara 8va. del Crimen y el jurado popular continuaban esta tarde con la tercera audiencia del proceso de enjuiciamiento a los 13 policías acusados por el asesinato, durante la cual los restantes efectivos eran consultados sobre si iban a o no a declarar.
En el juicio participan representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como “amicus curiae” (asesores jurídicos voluntarios del Tribunal), y Amnistía Internacional como “observador”.
El asesinato
El hecho ocurrió la madrugada del 6 de agosto del 2020 cuando Blas Correas se hallaba dentro de un Fiat Argo junto a cuatro amigos con quienes iba a ir a tomar algo a un bar.
Cuando circulaban por avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, del barrio Colinas, en el sur de la capital cordobesa, uno de los jóvenes que conducía evadió un control policial porque -según dijo luego- se asustó porque uno de los policías le apuntó con un arma a la cabeza.
En ese momento, según la investigación, el suboficial Lucas Damián Gómez (37) efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, mientras que el cabo primero Alarcón (33) disparó en dos oportunidades.
La investigación
Las pericias determinaron que uno de los cuatro disparos efectuados por Gómez impactó en la espalda de Blas, lo que le provocó la muerte, mientras que otro de los disparos traspasó el apoyacabeza y la capucha de uno de los adolescentes que estaba sentado en el asiento delantero del Fiat Argo, a milímetros de su cráneo.
Posteriormente, y con el objetivo de simular un enfrentamiento con un grupo armado, los policías “plantaron” un arma en las cercanías de la zona del control policial, según la acusación fiscal.
En este juicio, Gómez y Alarcón llegan acusados de ser “coautores de homicidio calificado por abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos”.
Los restantes 11 policías acusados son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.
Los cargos que enfrentan estos últimos son “falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público”.