Es una estrategia para saltear el impedimento de ser re-reelectos. Son intendentes peronistas, radicales y del PRO de casi 300 pueblos y ciudades de Córdoba. Rechazo del Gobierno provincial y la Justicia. El objetivo: que se destrabe en la Legislatura.
La inquietud entre los intendentes impedidos de ir en búsqueda de una nueva reelección crece día a día y algunos amenazan con convocar a comicios locales en diciembre, mientras se dispute el Mundial, una clara señal de malestar con el Gobierno de Juan Schiaretti y con la conducción provincial de Juntos por el Cambio, cuyos legisladores obturaron la posibilidad de habilitar por única vez un tercera mandato consecutivo tras la reforma electoral de 2016.
Aunque radicales y peronistas tienen estrategias distintas, el objetivo táctico es el mismo: que los 277 caciques de localidades pequeñas retengan el poder y que caiga el artículo 7 de la ley 10406, que limitó una reelección y fijó al período 2015-2019 como el primero para ese conteo.
El peronista Sergio Soria, jefe comunal de San Pedro, ubicada en el valle de Traslasierra, convocaría en las próximas horas a votar a su sucesor el 11 de diciembre, 363 días antes de entregar el mandato. El adelanto es un grito de rebelión: históricamente, el aparato peronista no despega los comicios locales de los provinciales.
En principio, Soria no buscaría la re-re, por lo que no desobedecería a Juan Schiaretti, quien se mantiene en contra de esta posibilidad: su esposa y funcionaria, Silvina Cabezas, sería la candidata de Hacemos por Córdoba. El mensaje es claro y no tiene como único destinatario a Schiaretti: hay un reclamo creciente para que Martín Llaryora, el candidato que pondrá el peronismo para intentar retener el Gobierno provincial, actúe de manera solidaria con los intendentes impedidos de presentarse para un nuevo período.
Mientras el ministro de Gobierno, Julián López, y el diputado nacional Carlos Gutiérrez, integrante de la mesa chica de Schiaretti, reiteran que no está en los planes del Poder Ejecutivo forzar una suspensión de la ley electoral en el tramo que impide la re-re, desde la Justicia provincial hacen trascender que los artilugios chocarían con la Constitución Provincial. En ese contexto mueven las fichas los intendentes.
Los más de 70 intendentes radicales que están en la misma situación analizan otra estrategia, monitoreada por Mario Decara, el defensor del Pueblo de la Provincia y el jefe del radicalismo en el departamento Punilla, territorio que abarca desde Carlos Paz hasta Capilla del Monte.
En Tanti, que conduce el radical Luis Azar, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza electoral que contempla que el intendente se presente nuevamente: aducen que los municipios tienen autonomía para fijar sus propias reglas, que incluye la reelección por un período, pero contando como primero el 2023-2027, es decir no aplicando un norma de manera retroactiva.
Por ahora, Azar no hizo la convocatoria electoral, pero analiza que en esa ciudad se vote el 18 de diciembre, el día en que se juegue la final en Qatar.
Deberá saltear el escollo de la judicialización: los concejales peronistas de esa localidad anticiparon que impugnarán la constitucionalidad de esa ordenanza. Este miércoles, en la sede de la Defensoría del Pueblo, estaban convocados los intendentes radicales quienes habrían sido invitados por Decara a seguir los pasos de Tanti, con la ordenanza redactada por abogadas de ese organismo. Así como los peronistas presionan a Llaryora, los radicales hacen lo propio con Rodrigo de Loredo: “¿Quién le va a trabajar en la campaña si nos destrata ahora?”, es la pregunta retórica.
Los intendentes sumaron otro apoyo político: el de Martín Gill, intendente de Villa María y referente territorial del Gobierno nacional, quien tiene ascendencia sobre un grupo de 70 intendentes peronistas. Gill no sólo no desautorizó a quienes buscan la re-re, sino que incluso advirtió que el respeto por las autonomías municipales tienen una larga tradición en Córdoba.
Decara, el defensor del Pueblo, tiene lazos históricos con Carlos Caserio, actual director del Banco Nación y jefe del PJ en Punilla, por lo que una jugada en tándem entre intendentes radicales y del Frente de Todos en procura de lograr un nuevo período no sería extraña.
“El objetivo final es que la Legislatura abra la negociación” para suspender el artículo transitorio que prohíbe la re-re de casi 300 intendentes, señaló un jefe comunal que es parte de la estrategia. Se aferra a la promesa que hiciera el ministro de Gobierno, Julián López: el radicalismo debe dar su aval para modificar la ley electoral, y compartir así los costos.
Fuente: LPO