Sucede lo mismo con los medicamentos para la hepatitis B. Luz Felipe, defensora pública federal que cubre los departamentos San Martín, Río Segundo y Tercero Arriba vio más faltantes este año que en los 14 anteriores.
La defensora pública federal de Villa María y la región, Luz Felipe, comentó que “siempre en las crisis económicas hay un aumento en la cantidad” de casos que llegan a la sede a su cargo, señalando que esto “se siente en el trabajo cotidiano”, al punto de que tienen que dar turnos para atender la demanda.
La Defensoría Federal, que se mudó recientemente a calle Catamarca 1020 (cerca del Centro de Transferencias; atienden de 7.30 a 13.30) cubre no solo la atención de habitantes del Departamento San Martín, sino también del Tercero Arriba y el Río Segundo.
A la oficina están llegando muchos reclamos contra obras sociales, también muchas consultas luego de la desregulación de la medicina privada, y también se acercan jubilados y pensionados afiliados a PAMI con alguna dificultad.
Además, hay consultas porque recientemente hubo una reforma en lo que respecta a los requisitos de acceso y compatibilidades para las pensiones no contributivas por invalidez.
“La última reforma fue el mes pasado, cuando se eliminó la posibilidad de acceder a esta pensión por parte de monotributistas sociales”, precisó Felipe a elDiario.
El camino a seguir
“Hay algunas dificultades” en el cumplimiento de las obras sociales con sus afiliados.
“Siempre por ley tenemos que intentar una solución amistosa, que es lo mejor, con audiencias más informales y contactos. Si no logramos una solución por vía administrativa, podemos presentar un recurso de amparo”, detalló Luz sobre los pasos a seguir.
La respuesta depende de la obra social. Algunas están hoy intervenidas. “En todas las instituciones hay personas que buscan ayudar”, consideró la defensora.
No obstante, se ven problemas que impactan mucho en la salud de la gente.
Por ejemplo, en un tramo de la nota, la abogada contó que este año se advirtió la falta de entrega de medicación de VIH y hepatitis B más que en los otros 14 años de su trabajo.
El impacto del costo de los medicamentos
La Defensoría brinda asistencia a personas en situación de vulnerabilidad; por ley no pueden tomar casos de personas con más de dos salarios mínimo, vital y móvil.
En este sentido, subrayó que “para los jubilados y pensionados que cobran la mínima, una medicación le puede llegar a significar el 20% de su ingreso”.
Su mirada sobre la cárcel
Además de la labor mencionada en el texto principal, en la Defensoría Pública patrocinan a acusados de delitos federales que no contratan a defensores privados.
Por esa intervención de su competencia, le consultamos a Felipe su mirada sobre la cárcel.
Su visión “es bastante pesimista”, confió al pasar por el programa “Mejor que ayer”, en la FM 90.1, nuestra radio.
Evaluó que la cárcel “no puede brindar soluciones para lo que es teóricamente la finalidad de la pena de prisión, que es lograr la reinserción social”.
Luz está “convencida” de que la prisión debe concretarse “solo en casos muy excepcionales, en delitos violentos en donde no hay otro recurso”. “Debería ser la última alternativa”, opinó.
“La modificación del Código Procesal Federal prevé un montón de medidas alternativas a la prisión, como solución para un conflicto penal, humano”, destacó. Dijo que “en muchos casos de delitos con contenido patrimonial, la víctima no consigue ninguna solución” con la detención en cárcel, “ni es reparadora para la víctima”. “Por ahí hay que tratar de hacer hincapié en otras alternativas para intentar dar solución para pacificar esa situación de conflicto que significó el delito”, interpretó.
Ante la consulta, comentó que “es bastante la demanda de defensa penal” en la actualidad, por causas de drogas, falsos documentos, defraudación al Estado nacional, algunas cuestiones del Banco Nación, delitos tributarios y económicos.
De la entrevista quedó evidenciado que no está habiendo causas (o son muy pocas) de trata de personas.
Fuente: El Diario del Centro del País