Ignacio Escuti, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios (Aclisa), sostuvo que el decreto es inconstitucional y solicitó una medida cautelar.  

La Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Aclisa) presentó una acción de amparo en contra del Estado por el decreto de necesidad y urgencia 841/2020, que estableció el pago de un bono de hasta $24.000 para trabajadores con salarios netos inferiores a los $185.859, y solicitó una medida cautelar para que el DNU no se aplique para la entidad. Es decir que sus asociados no estén obligados a abonarlo.

Según el escrito que presentó el estudio Escuti y recayó en el juzgado federal N°1 de Córdoba, el decreto sería inconstitucional porque el poder ejecutivo “carece de facultades para legislar en la materia referida” y tiene “su génesis en cuestiones ajenas a las descriptas en el propio texto, muy probablemente políticas y relacionadas con la impericia del propio estado en materia económica”.

En el mismo sentido, tampoco existiría la urgencia e imprevisibilidad requerida, además de que implicaría “una grave lesión a los derechos y garantías constitucionales, tanto de orden nacional como provincial y sobre todo teniendo en cuenta la delicada situación que se encuentra el sector de la sanidad”.

Aclisa nuclea a la mayoría de las clínicas, sanatorios y hospitales privados de la provincia de Córdoba y sus asociados dan prestaciones de salud de todo tipo (consultas, guardias, terapias, cirugías, transplantes, tratamientos oncológicos, etc.).