No quisieron aprobar un pedido de suspensión a Claudio Alexis Chiechi, miembro del Tribunal de Cuentas local denunciado por violéncia de género por una de sus pares. El Juzgado de 1a Nominación de esa ciudad envió un oficio a la Municipalidad comunicando que pesa una órden de restricción de acercamiento a la supuesta víctima y ordenó al denunciado iniciar tratamiento psicológico.

Que se acercan las elecciones y al momento de embarrar la cancha con operaciones políticas y falsas noticias para perjudicar al adversario, parecen existir cada vez menos escrúpulos, y es algo que lamentablemente sucede en casi todos los estamentos de la política argentina. Pero que mezclen la política para desconocer una órden judicial ya pasa a otro nivel de irresponsabilidad.

Es lo que ha sucedido el pasado viernes en el Concejo Deliberante de Río Segundo, donde 3 concejales de la UCR (Leonel Viada, Aldana Oviedo y Osvaldo Villalón) y una ex Hacemos por Córdoba que abandonó el bloque oficialista y en diez dias se pasó a Juntos por el Cambio y luego firmó para el partído de Milei, La Libertad Avanza (Fernanda Zarate), rechazaron un proyecto de Resolución del Bloque de Hacemos por Córdoba, basado en una órden judicial para suspender al denunciado Chiechi y permitir el retorno a sus tareas de la vocal denunciante, Jorgelina Malfert.

Todo esto que parece increible que por razones políticas haya ocasionado que los ediles opositores hagan caso omiso a una solicitud de la Justicia, está explicitado en el siguiente proyecto de Resolución:

Como se actuó en casos similares

La decisión de los concejales opositores de Río Segundo, contrariamente a lo sucedido el año pasado en Cruz del Eje, donde el Concejo Deliberante de esa ciudad, decidió suspender por violencia de género, al tribuno de cuentas Francisco Segura, denunciado por su compañera de fórmula. Tanto Segura como la denunciante, pertenecen al oficialismo que ganó las elecciones en 2019. El mismo caso que en Río Segundo.

Asimismo, hace solo un par de semanas, la Legislatura de Córdoba decidió la suspensión del legislador de Hacemos por Córdoba, Eduardo Patricio Serrano. Tras varias semanas de debate en la comisión de Asuntos Constitucionales, la Legislatura tomó la determinación de que el político no perciba sus haberes hasta que no se resuelva la causa judicial en la que está involucrado: fue denunciado por su expareja por violencia familiar y tiene tambien una órden de restricción vigente. Igual que en Río Segundo. 

En el caso de Río Segundo los concejales rechazaron la suspensión y pidieron que lo resuelva el intendente, sin tener en cuenta que por la Ley Organica Municipal Nº 8102 la función de contralor sobre el Tribunal de Cuentas es una potestad indelegable del Concejo Deliberante.

El tema amenaza con escalar a la Justicia que podría imputar a los mencionados concejales por incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital)