En el Gobierno provincial le endosan inexperiencia al ministro en el manejo de la Policía. Voces judiciales piden solución “política” a la creciente crispación.

A sólo dos semanas de haber asumido como gobernador de Córdoba, Martín Llaryora afronta aún los coletazos de su primera crisis de gestión. La represión policial de la protesta de vecinos autoconvocados contra el DNU de Javier Milei, el jueves 21 de diciembre, puso a la provincia en las portadas nacionales como ejemplo de mal manejo de la protesta social y a su ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, en la mira de la cúpula del Panal por subestimar la idiosincrasia de la Policía.

Reconocido como uno de los principales desafíos que podrían afrontar los gobernadores, aún desde antes de la consagración del libertario como presidente, el abordaje de los reclamos masivos se ha corporizado como un temor que, admiten en el oficialismo, concentra preocupaciones más allá de las áreas específicas. En especial en un contexto de crecientes reclamos de los empleados públicos provinciales, quienes ya afrontan el desconocimiento de la paritaria firmada sólo meses atrás y la intención de la gobernación de subir sus aportes para la Caja de Jubilaciones y para la obra social.

Peor aún para el Gobierno, las valoraciones negativas sobre el accionar ante un grupo de caceroleros salpicaron al “audaz” plan de seguridad que había presentado el dirigente sanfrancisqueño, que apunta a la problemática como uno de los ejes de una administración que se proyecta más allá de sus límites geográficos. Esto impactó también en el funcionario opositor Quinteros, a quienes muchos ya auguraban dificultades de doble origen: inexperiencia en la materia específica; desconfianzas por su raigambre juecista.

Su mutismo posterior tampoco ha ayudado a apaciguar críticas. Por el contrario, ha reactivado cuestionamientos, muchos de ellos provenientes de peronistas que nunca metabolizaron su llegada a un cargo tan crucial para la consolidación del Partido Cordobés.

Comunicación

La existencia de un contexto inflamable, con indicadores económicos críticos que empeorarán tras el Caputazo, había sido una de las alertas sembradas para el próximo año.

Dichas alarmas condicionaron la conformación del gabinete de Llaryora, quien debió aceptar la inconveniencia de su idea de fusionar las carteras de Justicia y Seguridad. Muchos funcionarios tanteados para el desafío plantearon la necesidad de escindir ministerios, especialmente por la dificultad que conlleva la “lucha” contra el delito, preocupación que rankea primera entre los cordobeses.

La opción por Quinteros supuso un reconocimiento al plan de seguridad que había presentado para la ciudad, en la campaña previa a las elecciones para intendente. Claro que, para su implementación, debió matizarlo con ideas que el propio gobernador barajaba de antemano, como la creación de policías municipales.

En simultáneo, le permitió zurcir otro punto en su plan de gestión abierta, para el que resulta obligatorio sumar voces extrapartidarias. Aún aquellas que históricamente han enfrentado al peronismo cordobés.

Consultadas por Letra P, fuentes calificadas resaltaban dos atributos en el currículo del abogado penalista: su honestidad y su capacidad para comunicar decisiones políticas.

A tres semanas de gestión, ambas cualidades han desaparecido de las vocerías. Por el contrario, remarcan que Quinteros ha pecado de suficiencia ante una fuerza policial con una reconocida tendencia al autogobierno, cuyo origen remonta a violentas prácticas contra la civilidad aún antes de la dictadura. Como ejemplo de lo primero toman el tuit de reconocimiento por el operativo del pasado miércoles 20, en la jornada nacional de conmemoración de las luctuosas jornadas de 2001.

Por ese mismo andarivel, fustigan el silencio del funcionario, con el tema ya instalado en todas las pantallas. “No habló entonces, no hablará sin aval oficial desde entonces”, advierte un dirigente de dilatada trayectoria.

Tras días sin contacto con medios, este martes el ministro mantuvo una reunión con el gremio de trabajadores de prensa. Además de abordar la situación de un periodista imputado por “resistencia a la autoridad”, aseguró el respeto por el “derecho a la protesta”, acatando garantías constitucionales, pero también atendiendo la disposición de un juez de Control y Faltas, quien conminó a los poderes del Estado a “poner límites a las protestas de organizaciones sociales”, tras aceptar un amparo de vecinos que reclamaban por sentir afectado su derecho a la libre circulación.

Desde otro ángulo, Quinteros aseguró que en Córdoba no se aplicará el protocolo antipiquete elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Ausencia

La ausencia de acciones explícitas para la protesta social en el plan integral de seguridad no responde sólo a cuestiones técnicas. En la provincia, el camino hacia la criminalización de los reclamos lleva ya varios años, con la mencionada resolución judicial como mojón.

Desde hace dos años, el Ministerio Público Fiscal ha dispuesto al fiscal Ernesto de Aragón para que intervenga ante cortes de calzada e interrupción del tránsito en la ciudad, situaciones crecientemente irritantes para los vecinos.

Hasta aquí el funcionario ha cumplido con ahínco su misión. Sin embargo, en la misma ronda de medios que evitara Quinteros, admitió que sus intervenciones, aún ajustadas a la ley, son parches para un problema de raíz política. En otras palabras, que la Justicia acude a resolver situaciones que deberían tener un amplio cauce institucional.

De igual manera lo consideran abogados constitucionalistas como Miguel Rodríguez Villafañe, quien remarca que cualquier disposición emergida de la Justicia podría impugnarse por anticonstitucional. A su entender, es el Poder Legislativo el encargado de establecer reglas que atañen al derecho de protesta.

Atentos a tal discusión, pero más aún a la eventual escalada de violencia, desde el oficialismo reconocen temores ante nuevos episodios violentos. En particular, por la confrontación entre colectivos directamente afectados por los ajustes en la economía.

En el mismo plano ubican la discusión sobre la asignación de recursos para los operativos. Según remarcan, la prioridad debe seguir siendo la prevención del delito, no el control de las marchas, para las que ya existen estrategias de disuasión y sobre las cuales se pueden abrir instancias de diálogo.

“Hay miedo a las cacerolas. El despliegue del jueves lo confirma. El tema es que descuidas los barrios, donde están los choros. Esos son los enemigos, no los caceroleros. ¿Para qué filmar a inquilinos que protestan? Eso hay que usarlo para delitos”, analiza una fuente calificada.

Portavoces políticos piden atender la condición de extrapartidario de Quinteros para entender el intríngulis. Aunque maneja un área sensible, sobre la que reposan altas expectativas, el éxito de su gestión ministerial podría ser capitalizado enteramente por Llaryora como aval a la variopinta fusión que derivó en Hacemos Unidos por Córdoba.

Por el contrario, un fracaso del funcionario, con pasado en el juecismo y en Encuentro Vecinal, no supondría un cimbronazo a la estructura pejotista que predomina en la administración. Por el contrario, interpretan, sería un fusible de fácil recambio.

Aún enojado con lo sucedido, el gobernador no ha expresado públicamente sus pareceres. Desactivado el paro convocado por los gremios estatales, espera sortear con tranquilidad las marchas que vendrán como la que se desarrolló a la mañana de este miércoles. Atentos a las fintas de fin de año que caracterizaron a los gobiernos cordobesistas, sus líderes advierten que la protesta social se endurecerá si la Provincia no cumple sus compromisos.