El gobernador de Córdoba cumplió 15 días entre ajustes, tensión política, protesta y palos. Mientras, le abre los brazos a un país donde aún no tiene socios.

Las primeras dos semanas de Martín Llaryora al frente del gobierno de Córdoba descubrieron un estilo con el que el sanfracisqueño expone su perfil de “negociador nato”, mientras surfea en medio de la crisis y le saca el candado a la provincia encorsetada por un cordobesismo a la defensiva tratando de ocupar un espacio central en la discusión política nacional en la Argentina de Javier Milei. Por ahora, en soledad, sin afiliarse a ninguna de las ligas de gobernadores.

Esos rasgos característicos marcaron las primeras horas de la era Llaryora, que buscará cerrar el año con una semana de relativa tranquilidad luego de haber logrado destrabar el paro general que el gremio de estatales cordobés había convocado para el próximo martes y que anticipaba un conflicto callejero cargado de tensiones. En especial, luego de la represión policial que ubicó a la capital provincial como escenario de los primeros enfrentamientos violentos entre policías y manifestantes en el país libertario.

Sin embargo, su preocupación central pasará por la necesidad de timonear su relación con el gobierno nacional, que se pondrá en juego con la postura que tomarán quienes representan al Partido Cordobés en el Congreso en medio del debate por la aprobación del decretazo de Milei y el tratamiento de la ley ómnibus que enviará el Presidente a las sesiones extraordinarias.

Tensar y aflojar

Casi como en un movimiento típico de pescador profesional, Llaryora pragmatiza sus movimientos logrando, hasta ahora, todos sus objetivos a corto plazo. El mejor ejemplo de esa estrategia se descubrió esta semana en la discusión con el gremio estatal, que le plantó un primer foco de conflicto convocando a un paro general, prácticamente inédito para un gobierno peronista en sus primeros pasos.

Ante la urgencia de la crisis en las finanzas provinciales, que tanto él como Juan Schiaretti se encargaron de ocultar durante la campaña, el gobierno cordobés se encargo de filtrar que no sería posible cumplir con los acuerdos paritarios que el personal público había firmado durante la última etapa del gobierno anterior. En medio de la tensión, el oficialismo quiso discutir en la Legislatura un proyecto para incrementar las alícuotas de los aportes de la parte trabajadora, que en concreto representará una suba de “hasta en 4 puntos porcentuales sobre los porcentajes vigentes al mes de noviembre de 2023”.

Ese movimiento le generó un revés político que puso en jaque la aprobación de la Ley de Seguridad, la norma con la que el sanfrancisqueño empieza a ponerle la firma a su paso por la gobernación. La oposición no bajó al recinto y dejó a Hacemos Unidos por Córdoba con el número justo de aliados, que no alcanzó para la reforma previsional.

En ese escenario, se abrió una mesa de negociación en la que el sindicato estatal se garantizó cobrar lo acordado y cedió un 1% como “aporte solidario” para alimentar las arcas de la obra social provincial, Apross, también en estado crítico.

De cara a los reposicionamientos que empiezan a ganar terreno en la disputa por la renovación generacional del PJ cordobés, el acuerdo también le dio un primer triunfo al ministro de Gobierno, Manuel Calvo, uno de los encargados de la negociación con los gremios. El otro, fue el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta.

Líbero de visitante

Mientras se esfuerza por sostener la unidad en el frente interno cordobés y busca afianzar nuevas alianzas que le permitan avanzar con mayor tranquilidad con sus propuestas de gobierno, Llaryora hace equilibrio en un posicionamiento nacional que, según el contexto, lo acerca o lo aleja a las posturas libertarias de la Casa Rosada. Ese zigzagueo que lo ubica en el centro de un escenario nacional en construcción, lo aísla en el universo en el que la grieta contra la que se propone luchar continúa marcando el rumbo del debate a nivel nacional.

A diferencia de la mayoría de sus pares, Llaryora no tiene una ubicación clara en el tablero federal. Principalmente, porque no tiene una postura demasiado previsible respecto del rol que tomará de cara a los debates por venir.

En lo inmediato, intentará acompañar los primeros pasos del gobierno de Milei, pero no dejará de poner condiciones a esos apoyos que en principio se pondrán en juego a la hora de discutir el decretazo liberario y el paquete de leyes que llegará al Congreso. Letra P ya dio detalles sobre la lectura de los diferentes sectores del Partido Cordobés al respecto de los primeros movimientos libertarios y Llaryora deberá ser quien termine por definir los alcances de los acuerdos.

Las preguntas que por el momento cruzan por su análisis hacen cálculos acerca de cuánto está dispuesto a ceder en sus convicciones en pos de “ayudar” a la gobernabilidad. En ese debate interno, no sólo se ponen en juego las iniciativas nacionales que no lo terminan de convencer, sino la falta de respuestas respecto de los reclamos en torno a la provincia, como los fondos para la Caja de Jubilaciones, las retenciones, los subsidios y la obra pública; y la falta de proyectos nacionales que empujen la generación empleo y la producción.

Todos estos puntos los exige con vehemencia cada vez que expone sus ideas en medios nacionales. Dos semanas después de asumir, ya son más que los que Schiaretti recorrió a lo largo de todos sus mandatos, exceptuando, claro, su fase como candidato presidencial.