La Cámara Federal de Córdoba revocó el sobreseimiento y ordenó profundizar la investigación.

La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba revocó el sobreseimiento Nicolás Ariel Marchisio, el hijo del titular del Registro Automotor (DNRPA) de la localidad de Oliva que habría desviado más de $ 2,1 millones de las arcas nacionales, y ordenó seguir investigando.

Marchisio (h) quedó envuelto en la causa luego de que la fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni, lo imputó como autor de presunta defraudación a la administración pública, a raíz de la denuncia de su padre, el titular de la DNRPA local, Rafael Marchisio.

A finales de 2022, el titular de la DNRPA denunció que le estaban vaciando las cuentas que el Registro tenía asignadas en los bancos Nación y Macro, y que desconocía por qué y cómo. A partir de los testimonios de los empleados y del pedido de informes a Mercado Pago, la fiscal logró determinar quién habría desviado los fondos: el propio hijo del denunciante, Nicolás.

En febrero de 2022, el joven habría tenido acceso a los datos de las cuentas bancarias y las tarjetas de débito y/o crédito que la DNRPA tenía asignadas en Macro por el vínculo con su padre.

Así, habría usado los datos no autorizados de las tarjetas para realizar cinco transferencias (en pocos días), por $ 985 mil en total, desde la cuenta bancaria del Registro a una suya personal en Brubank. Su padre advirtió el vaciamiento del dinero (sin saber quién lo estaba haciendo) y, para evitar nuevas transferencias, solicitó al Macro la baja de la cuenta y pidió la apertura de una nueva.

La fiscal descubrió que el joven, varios meses después (en noviembre de 2022), habría realizado 43 operaciones de débito inmediato (Debin), por $ 1.120.808. Lo habría hecho desde la cuenta de la DNRPA de Oliva en los dos bancos a su usuario de Mercado Pago (ya que habría conocido los datos porque su padre era el titular del Registro).

Curiosamente, el usuario creado se denominaba “TheMostWanted1337″, que significa el “Más buscado”, una expresión muy utilizada por el FBI para referirse a los fugitivos más escurridizos.

El imputado habría dado de alta ese usuario en 2020 con los datos de su padre, aunque habría vinculado “TheMostWanted1337″ a su correo electrónico y a su teléfono celular.

Al resolver su situación, el juez federal de Villa María, Roque Rebak, lo sobreseyó. Concluyó que los fondos pertenecientes a la DNPRA siempre fueron girados en tiempo y forma, con lo cual no se evidenciaba ningún perjuicio a la administración pública.

Sin embargo, la fiscal apeló. Sostuvo que el juez no demostró que en las cuentas hubiera habido ingresos que no se correspondieran con el cobro de aranceles del Registro. Y agregó que si bien los egresos detectados –”Municipalidad de Córdoba”, “Rentas Córdoba” y “DirecTV”– podrían corresponderse a gastos del Registro, no se corroboró.

Schianni resaltó además que en relación con los gastos consignados como “Rappi” y a “Spotify” no hay pruebas asociadas directamente a emolumentos efectuados por Marchisio (p), titular del Registro.

Recordó que el afectado fue el Registro de Oliva, siendo Marchisio (p) el autorizado para administrar las cuentas bancarias, pero no el titular de los fondos canalizados en ellas.

Fallo de la Cámara

Por unanimidad, los vocales Graciela Montesi, Eduardo Ávalos y Abel Sánchez Torres revocaron el sobreseimiento del joven.

Montesi puntualizó que para el juez Rebak, a las cuentas ingresaba dinero por distintos conceptos y que los fondos depositados pertenecían, por un lado, al Estado Nacional (para realizar pagos de la operatoria normal del Registro) y, por otro, a Marchisio (p) (para gastos personales). Por lo tanto, para el magistrado, como no se registraban presuntamente deudas, no se verificó ningún perjuicio.

Los vocales le cuestionó que solo analizó los egresos de las cuentas, sin especificar qué ingresos se produjeron y bajo qué conceptos, es decir, si fueron propios o ajenos a la actividad del Registro, para poder, así, diferenciar su procedencia y tratamiento.

Afirmaron que diversas pruebas, entre ellas una solicitada por la fiscal a la DNRPA, permitirían determinar si los fondos retirados de las cuentas correspondían o no a la actividad del Registro y si eran o no los que le hubieran correspondido obtener a Marchisio (p) como titular.

Por eso, le achacaron al juez haber dictado un sobreseimiento apresurado. Con más elementos probatorios, sostuvieron, podría definirse con mayor precisión la responsabilidad o no del imputado.

Fuente: Lavoz.com.ar