El Dr. Fernando Boldú, defensor de Marco Gelso, Gabriel Assolini y Samuel Clavero Ibarra, hizo hincapié en el escarnio público al que fueron sometidos quienes hoy son absueltos de culpa y cargo. “Se hizo justicia, aunque sea casi seis años tarde pero, lamentablemente, nadie les quita el dolor y el perjuicio ocasionado a su buen nombre y honor” dijo el letrado.

El pasado 19 de octubre la Cámara en lo Criminal y Correccional de 12ª Nominación dió a conocer los fundamentos del fallo que determinó la absolución de los cinco policías acusados de sustraer autopartes de vehículos secuestrados en un depósito judicial de la Departamental Río Segundo de la Policía de la Provincia de Córdoba.

Los hechos ventilados en la causa, caratulados como “peculado”, habrían ocurrido entre marzo de 2017 y julio de 2018 y la investigación se inició luego de la denuncia de un particular a quien le habían secuestrado su vehículo.

Según la acusación, durante ese período se habrían desmantelado varios vehículos que se encontraban guardados en ese depósito judicial. La sospecha fue que esas piezas luego eran vendidas de manera ilegal, algo que nunca se pudo comprobar.

La responsabilidad que se atribuyó a los acusados estuvieron dadas especialmente a partir de los dichos de un policía, el Cabo Primero Quiroga, respaldados, en principio, por algunas referencias de otros policías. Sin embargo al tomar declaración testimonial a una gran cantidad de testigos tanto pertenecientes a la Fuerza como civiles, los entredichos y contradicciones como así tambien la falta de pruebas contundentes, hicieron caer la acusación.

Los argumentos del fiscal

Luego de casi 6 años de trámite judicial el fiscal de Cámara Mariano Antuña, pidió la absolución de los policías, la que finalmente se hizo efectiva. En su argumentación el funcionario a cargo de la acusación manifestó que “este tipo de depósitos de vehículos secuestrados son un descontrol, y que en este de Río Segundo en particular, fueron sustraídas numerosas autopartes a lo largo de los años”.

Ese descontrol al que hizo referencia Antuña fue corroborado en los testimonios de casi todos los testigos, llegando incluso a afirmarse que dada la falta de límites físicos que impidieran el acceso al predio, en determinados momentos podrian haber accedido personas particulares y sustraído numerosos elementos de los vehiculos.

Así es que a lo largo de la investigación no se pudo determinar fehacientemente la responsabilidad de los acusados por lo que pidió la absolución de los acusados. Los jurados populares, quienes actuaron en este juicio por la condición de efectivos policiales de los acusados, tambien respaldaron el pedido del fiscal.

Al finalizar su alegato Antuña solicitó que, además de tomar los recaudos para que queden a salvo el buen nombre y honor de las personas involucradas como así también “deberá exhortarse al Gobierno de la Provincia de Córdoba a fin de que se garantice en los depósitos de efectos secuestrados, los estándares mínimos de seguridad”.

El dolor de la condena social

Al momento de emitir sus conclusiones el doctor Fernando Enrique Boldú, (quien junto a su socio, Hans Stiebem, llevaron adelante la defensa de los imputados Gabriel José Alfredo Assolini, Marco Antonio Gelso y Samuel Alfredo Clavero Ibarra), destacó la “objetividad, trabajo y razonabilidad” del fiscal pero especialmente señaló la necesidad de, “a partir de la certeza que estos imputados no participaron en los hechos, hay que buscar reparar de alguna manera el daño que se les ha causado”.

“Estas personas llegaron a este tribunal sin antecedentes penales, sin procesos, sin sanciones, siendo ejemplares en su accionar público. Llevan más de seis años en este proceso, un proceso viciado e irresponsable”, dijo Boldú, para concluir que “aunque sean casi seis años tarde, tenemos la oportunidad de que vuelvan a ser personas honorables y vuelvan a sentir un poco de paz”.

En la misma línea, tanto el abogado Nicolás Turturro, defensor de Jorge Ricardo López, como Victor Osmar Somale, por la defensa de Marcelo Adrián Larrey, coincidieron en destacar el hecho doloroso que representa la condena social y el daño irreparable que esta causa en los acusados y en sus familias.