Un informe revela baja o nula ejecución del presupuesto destinado a reducir la brecha de género. Políticas contra la violencia, afuera.

En la Argentina, dos tercios de las personas de menores ingresos son mujeres, según datos del EPH-Indec. El presidente Javier Milei profundizó durante lo que va de su gobierno esta brecha: el gasto en políticas públicas que apuntan a reducir la desigualdad de género fue, en lo que va de 2024, un 33% más bajo que el año pasado.

Este ajuste es más fuerte que el que sufrió el presupuesto nacional total, que fue del 24%. Es decir, a los sectores más vulnerables se les multiplica el peso del ajuste. Estos datos se desprenden de un informe realizado por ACIJ y ELA en alianza con Amnistía Internacional Argentina, CELS, EcoFeminita, Fundar y FES Argentina.

Ni AUH, ni Alimentar, ni jubilación para amas de casa

Del análisis –que compara la ejecución presupuestaria del primer bimestre de 2023 y 2024- se desprende una fuerte caída en la ejecución de los programas del sistema previsional: 45,5% en pensiones no contributivas y 38,5% en moratorias en relación con el primer bimestre de 2023. Las partidas destinadas a protección social conforman la mayor parte del presupuesto destinado a reducir la brecha. De hecho, el año pasado, entre las moratorias previsionales, la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, la Tarjeta Alimentar y pensiones no contributivas para madres de siete o más hijos e hijas, implicaron el 85% del presupuesto con perspectiva de género ejecutado en 2023.

Quizá parte de las explicaciones se encuentren en el negacionismo de la desigualdad de género declamado por el gobierno nacional. De hecho, el presidente Javier Milei, en una entrevista con Samuel Chiche Gelblung en Crónica TV –la única en la que le hicieron preguntas- se negó a reconocer el trabajo de las amas de casa como tal y, por lo tanto, su jubilación. “Lo que tenés que hacer es dar una asistencia social(…) También están las elecciones personales que no podés estar cargándoselas al resto de la gente, vos tendrías que haber hecho una separación entre lo que es un programa de asistencia para darle contención a ese grupo y no mezclarlo con las jubilaciones, porque entonces queda degradado el concepto de la jubilación”. Y ejemplificó con su propia familia: “Mi papá y mi mamá tienen la misma jubilación, ¿cómo puede ser? Mi mamá no trabajó y mi papá empezó a trabajar desde muy chiquito… el punto es que la jubilación de mi papá tendría que estar en una determinada lógica del sistema provisional y la de mi mamá tendría que ser una asistencia”.

Milei ya había alertado sobre el tema ante la Asamblea Legislativa: “En los últimos 15 años se jubilaron cuatro millones de personas que no aportaron”, sostuvo el 1° de marzo. No es casualidad: la mayoría de las personas que se jubilaron en los últimos años, gracias a las moratorias, son mujeres: trabajadoras informales, amas de casa o formalizadas pero sin los aportes necesarios.

La economista Mercedes D’Alessandro le respondió a Milei en la red social X: “Las tareas domésticas y los cuidados en los hogares, eso que hacía la mamá de Javier Milei y millones de otras, sostienen a los papá de Milei e hijos para que puedan ganar plata fuera de la casa”. La ex titular de la desaparecida Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía cita un dato ilustrativo surgido de un estudio realizado en esa área en 2020: “Son trabajos no pagos y si se pagaran, representarían el 15% del PBI”, por encima de la industria y el comercio.

El informe de ELA y ACIJ, publicado a propósito del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, advierte que ni siquiera hubo un aumento de las partidas de aquellos programas que el gobierno identifica como claves para paliar las consecuencias de las políticas económicas: las erogaciones asociadas a la Asignación Universal para Protección Social (AUH y AUE) cayeron un 4% en términos reales respecto al primer bimestre de 2023 y las asociadas a la Prestación Alimentar no variaron.

A esto se suma que, durante este año, el Ministerio de Infraestructura no ejecutó ningún recurso destinado al fortalecimiento de la infraestructura social, del cuidado y sanitaria. Mientras que el programa para el fortalecimiento edilicio de jardines infantiles ejecutó 28 millones de pesos, un 98% menos que en los mismos meses de 2023.

Tampoco hay presupuesto contra la violencia de género

La decisión del Gobierno de recortar todas las políticas públicas con impacto social, incluye el gasto destinado a aquellas destinadas a combatir la violencia por razones de género: “El programa donde se encuentran las actividades Acompañar y la línea 144, Formulación de políticas contra la violencia por razones de género, redujo su ejecución en un 65%”, sostiene el informe. Y hay más –menos, en realidad-: la actividad de protección de víctimas de violencia del programa de Afianzamiento de la Justicia del Ministerio de Justicia ejecutó solamente 530 mil pesos durante 2024, mientras que el programa de Rescate y acompañamiento a víctimas de trata no tuvo ejecución.

Potenciar trabajo y Registradas, ¡afuera!

En el caso del Potenciar Trabajo, cuyas beneficiarias son mujeres mayoritariamente (dos tercios) se redujo en un 71% en términos reales en comparación con el mismo período de 2023. Y el programa Registradas, aunque tiene presupuesto asignado, fue eliminado.

En la Argentina, 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes (NNyA) son pobres. El dato surge del último informe de Unicef, que incluye a las personas menores de 18 años cuyos hogares no alcanzan a costear una canasta básica de bienes y servicios o cuyo entorno de vida los priva de acceder a derechos básicos como la educación, la protección social, una vivienda o un baño adecuado, al agua o un hábitat seguro. El estudio de Unicef advierte que “el crédito vigente en partidas centrales para la niñez muestra caídas en torno al 75% en términos reales para comparativo 2024-2023”.

El organismo internacional –que lejos está de ser sospechado de “kirchnerista”- insiste en que para erradicar la pobreza en la niñez, “es imperioso ampliar las partidas presupuestarias de las políticas de protección de ingresos a los hogares para evitar que más niños y niñas caigan en la pobreza extrema”. El gobierno está haciendo exactamente lo contrario.