El sábado se cumplieron dos años del homicidio del adolescente. Días después de su muerte, la nueva jefa de la Policía cordobesa, comisario general Liliana Zárate Belletti, le pidió disculpas a su mamá, Soledad Laciar. La APDH Córdoba reveló que desde agosto de 2020 hasta julio pasado hubo seis víctimas fatales a manos de la Policía. Y el ministro Mosquera sigue en su cargo.

No hay un día en que Soledad Laciar no piense en Blas Correas, su hijo de 17 años, asesinado por policías en un retén para controlar el tránsito en plena cuarentena. El crimen ocurrió en los primeros meses de la cuarentena estricta por el COVID-19, cuando habían pasado unos minutos de la medianoche y comenzaba el jueves 6 de agosto de 2020.  

El sábado se cumplieron dos años de este caso de gatillo fácil que provocó un sismo en el Gobierno de Juan Schiaretti: la víctima era un chico de clase media que iba al colegio San José. Durante el tercer gobierno de Schiaretti, que había comenzado ocho meses antes, ya habían muerto a manos de la Policía de Córdoba tres jóvenes de barriadas populares: José Avila (35) en barrio Villa El Libertador; Gastón Mirabal en la villa La Tela y Franco Sosa (27) en barrio Interfábricas. 

Un relevamiento realizado por la Regional Córdoba de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Córdoba) reveló que luego del asesinato de Blas, murieron otros seis jóvenes a manos de la Policía de Córdoba: el primer caso en agosto de 2020 y el último, el pasado mes de julio en la comisaría de La Falda.

Tras el crimen de Blas, Schiaretti le ordenó al ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, un reordenamiento de la Policía: la directora general de Recursos Humanos de la Policía, comisario mayor Liliana Zárate Belletti fue ascendida a comisario general, quedando a cargo de la seguridad de la Capital.

“Necesito entender por qué a las cinco de la tarde le di un beso a mi hijo y me lo devolvieron en un cajón. Y todo lo que me digan me sirve para hacer un análisis, entender y seguir mi vida”, reclamó hace dos años la madre de Blas. La mujer, junto a su esposo Ramiro y su hijo mayor Juan vieron cómo esa madrugada se les destruyó la vida. Desde hace dos años, los tres están en terapia. Milagros, que ahora tiene dos años y siete meses, era una beba cuando mataron a su hermano. Todos los días saluda a Blas en un portarretrato que hay en el living de su casa en barrio Villa Cabrera. Martina, la menor, no alcanzó a conocerlo, tiene un año y cuatro meses.

Días después del asesinato, la jefa Zárate Belletti se reunió con la madre de Blas y en nombre de la Policía, le pidió disculpas. La jefa policial capitalina, también le dijo a los medios, que el crimen había sido “una excepción”. 

Pidieron justicia por la muerte de Jonathan Romo frente a la Central de Policía

“Mi lucha es para que no haya más Blas, y en dos años la Policía siguió matando jóvenes. No cambió nada. La condena por el caso Avila fue una burla, el policía Navarro dijo que fue un accidente laboral ¿tuviste un accidente laboral, te subiste a la moto y no le avisaste a nadie? ¿Matar a una persona es un accidente laboral? Y a Juárez lo condenaron a tres años de cárcel y le prohibieron ser policía durante cinco años. O sea, que de acá a cinco años le dan una pistola y hasta que no mate a alguien, no va a pasar nada”, reclama Soledad Laciar, quien estuvo en todas las audiencias por el caso donde fue asesinado José Antonio Avila. Esta semana los policías Lucas Navarro y Sebastián Juárez fueron condenados a 11 años y 3 años de cárcel respectivamente. La fiscalía había solicitado perpetua.

La madre de Blas Correas sostiene que “el responsable de todos los casos de violencia institucional es Schiaretti. La Policía mató a un muchacho en la comisaría de La Falda, la semana pasada el ministro Mosquera salió a decir que se iba a quedar en el cargo, que la Policía estaba bien preparada, que no había que cambiar nada y el gobernador no dijo ni mú, lo avaló; entonces tenemos un ministro de Seguridad que deja que la Policía siga matando jóvenes y cuenta con el aval del gobernador. Y eso es grave”.

El caso Blas a juicio

Dentro de un mes, el miércoles 7 de septiembre, en la Cámara 8ª del Crimen comenzará el juicio contra 13 policías por el asesinato de Blas, donde los principales acusados son los autores de los disparos, los cabos primero Javier Alarcón (32) y Lucas Gómez (36), acusados como coautores de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de las fuerzas policiales”. Las pericias confirmaron que la bala que mató al adolescente salió de la pistola de Gómez.

Las policías Wanda Esquivel (33) y Yamila Martínez (24), compañeras de patrulla de Alarcón y Gómez serán juzgadas por “encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente y como autoras del delito de omisión de deberes de funcionario público”; la misma imputación que les cabe al subcomisario Sergio Alejandro González (43), al comisario inspector Walter Soria (44), al subcomisario Enzo Quiroga (35) y al comisario inspector Jorge Galleguillo (45). Esquivel declaró que le ordenaron plantar un arma para inculpar a las víctimas.

El cabo Leonardo Martínez (28) y el agente Rodrigo Toloza (26) están acusados de “falso testimonio” y “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente”; mientras que el oficial ayudante Ezequiel Vélez (25) y el cabo Leandro Quevedo (30) tienen la misma imputación, pero por otro hecho. El comisario Juan Antonio Gatica (45) completa la nómina de los 13 policías que irán a juicio y está imputado por “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional”.

Inexplicablemente no será juzgado el oficial motociclista Ezequiel Henot, quien esa madrugada cacheteó a Juan Cruz, el amigo que llevaba a Blas malherido hacia un hospital en su Fiat Argo. Ya fue sobreseído en un juicio de tramite rapidísimo, el comisario mayor Gonzalo Cumplido, jefe de Seguridad Capital; un juicio que frenó, por ahora, la investigación de responsabilidades penales hacia la superioridad policial y política.

“El asesinato de Blas no es ni más ni menos que el asesinato de otros chicos. Yo pensé que la muerte de mi hijo y nuestra lucha servirían para que nunca más la Policía matara jóvenes. Pero no, seguimos teniendo muertos por violencia institucional. ¿Qué le podemos pedir a esta Policía sin formación? Los policías no tienen vocación, ingresaron como una salida laboral y les dieron un arma sin prepararlos. La formación en DDHH se la dan por Zoom y les pagan salarios bajos. Esa no es una Policía profesional, es una mala Policía. Yo no quiero cargarme de odio; a mi hijo no me lo van a devolver; pero al menos, que nuestra lucha sirva para que no haya más casos de gatillo fácil y más madres deban llorar a sus Blas”, le dijo Soledad Laciar a El Destape.

Hoy, entre las 11 y las 13, en diez supermercados e hipermercados de la ciudad, los familiares y amigos de Blas repartirán bolsas de tela con la inscripción #JusticiaPorBlas. El sábado pasado, la madre del chico donó al Tala Rugby Club un desfibrilador en un encuentro donde participaron las autoridades del club, además de jugadores de todas las divisiones y sus familiares. Los Laciar donarán tres desfibriladores a otros clubes: “Yo no me puedo cargar de odio, una empresa nos donó estos desfibriladores y decidimos donarlos a clubes, porque devolvemos parte de lo que la gente nos da todos los días, su apoyo para no bajar los brazos”, le dijo la mujer a El Destape.

Este fin de semana, Amnistía Internacional hará una campaña en redes sociales recordando el caso, y mañana, cuando Belgrano de Córdoba enfrente de local a Mitre de Santiago del Estero, está prevista una acción para recordar a Blas, socio del club y nieto de Miguel “Pato” Laciar, una estrella de los años ’70.

Caso Isaías Luna: siete policías irán a juicio por gatillo fácil

Más muertos a manos de la Policía

La APDH Córdoba siguió de cerca el crimen de Blas Correas desde el mismo día de la tragedia. Un relevamiento realizado por el organismo determinó que tras este caso de gatillo fácil, murieron a manos de la Policía otros seis jóvenes:

• Luis Morenigo (36) asesinado el 31 de agosto de 2020 en Alta Gracia. El hombre, que había recuperado su libertad hacía pocos meses, fue detenido junto a una mujer en barrio Paravachasca. En medio del operativo intentó fugarse y un policía lo mató de un disparo al cuello.
   
• Joaquín Paredes (15) murió el domingo 25 de octubre de 2020, mientras festejaba el cumpleaños de un amigo en Paso Viejo, un pueblo del norte cordobés. Seis policías irán a juicio. Por este crimen, Zárate Belletti fue nombrada jefa de la Policía de los 23.000 policías provinciales.
   
• Isaías Luna (21) fue abatido por la espalda la madrugada del 18 de diciembre de 2020 en una vivienda que había asaltado desarmado en barrio Urca de esta Capital. Los policías plantaron en la mano derecha de la víctima un revólver calibre 38. Luna era zurdo. Siete policías serán juzgados. 
   
• Víctor Gustavo Calderón (21) murió de 13 balazos que le disparó el policía Franco Paglino, la noche del 15 de febrero pasado. El agente estaba de civil y fuera de servicio. El caso se informó como legítima defensa ante un asalto. El 15 de febrero de 2018, el mismo policía, de civil y fuera de servicio, mató a otro delincuente que participó del atraco a una “cueva” financiera de barrio Nueva Córdoba.
   
• Ezequiel Castro fue detenido la noche del 8 de junio pasado. Murió deshidratado en un hospital tras haber pasado cinco días alojado en la Unidad de Contención del Aprehendido. Murió el 14 de junio. 
   
• Johnatan Romo, murió en la comisaría de La Falda el 10 de julio pasado. La autopsia reveló que fue ahorcado. Hay seis policías detenidos.

Desde la APDH Córdoba se destaca además que “la condena a los policías Navarro y Juárez por el homicidio de José Avila, donde no se tuvo en cuenta el doble agravante por la condición de policías de los acusados, implica una condena baja en la escala penal, lo cual es un mal precedente para todos los casos de violencia institucional donde los actores son policías en funciones”; a la vez que se advierte que “no considerar agravante la condición de policía de los actores condenados, choca con la misma resolución que condena al Estado cordobés a indemnizar a los deudos de Avila por haber sido muerto por agentes policiales. Un contrasentido”. La advertencia del organismo apunta a que en el juicio de Blas Correas, puede ocurrir lo mismo.