Los funcionarios involucrados en la instrumentación de las medidas, incluido el ministro Caputo, temen por las demandas judiciales si firman la quita de recursos a las provincias. Un ajuste sin respaldo legal.

El no envío de fondos para educación y transporte a las provincias comenzó a entrar en crisis dentro del gobierno. Es que ningún funcionario de la Casa Rosada quiere poner la firma a esa decisi’on con olor a venganza que tomó Javier Milei. 

Ni siquiera el propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, firmó aunque sea una resolución ministerial que le dé respaldo legal a la quita de fondos a las provincias.

El problema es que tanto el Fondo de Incentivo Docente como el Fondo Compensador para el Transporte del interior están respaldados por leyes votadas por el Congreso.

Por eso, quien firme un decreto o resolución que ordene su suspensión sabe que no tardará en enfrentar una demanda por incumplimiento de deberes de funcionario público. El gobierno de Axel Kicillof formalizó sus reclamos a Caputo por fondos atrasados. La intención del gobernador fue dejar sentado el reclamo para luego recurrir a la Justicia. 

Kicillof exige una “correcta actualización” de las sumas correspondientes a 2024 al tiempo que entienden que hubo de parte del gobierno nacional una “decisión deliberada de licuarla” aplicando una actualización por debajo de la inflación proyectada.

En efecto, no son pocos los gobernadores que creen que la estrategia de Milei y Caputo es postergar el pago de esos fondos, aduciendo una indignación por la caída de la ley ómnibus, para ganar tiempo y poder mostrar al FMI un déficit cero hasta que entren los dólares de la cosecha de la soja. Y mientras tanto licuar lo adeudado con la inflación al 20% mensual.

Ni siquiera el propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo firmó aunque sea una resolución ministerial que le de respaldo legal a la quita de fondos a las provincias.

“Todavía no los demandamos porque no hay ninguna norma que implemente la cancelación de los fondos a las provincias”, explicó un funcionario del gobierno de Córdoba.

Esta estrategia de ahogo a las provincias abre dos cuestiones importantes. Por un lado, como método de presión a los gobernadores para que le voten al Gobierno las leyes que le interesan, asoma como insostenible en el mediano plazo, toda vez que el gobierno termina reconociendo que se mueve en un margen de ilegalidad respecto al tema.

La segunda es que este tipo de ajuste no parece sostenible en el tiempo. El gobierno deja expuesta la fragilidad del festejado superávit financiero. ya que ese superávit se explica en parte por dos decisiones difíciles de sostener en el tiempo: la baja a casi cero de las transferencias a las provincias, y el corte de los pagos a las generadoras de energía, que en enero tenían que cobrar 413 mil millones y cobraron cero. Casi el número del superávit de enero.